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Propuestas Ambientales

Propuestas Ambientales

Medio ambiente, cambio climatico y recursos naturales. Propuestas de todos los partidos para las elecciones Peru 2026.

Pregunta sobre Propuestas Ambientales — Te ayudamos
Resumen

Vista general

35

partidos con propuestas

131

propuestas totales

38

partidos analizados

Por partido

Propuestas de cada partido

Problemas identificados, objetivos e indicadores de cada partido para esta dimension.

  • Proteger el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia climática del país, mediante el liderazgo activo del Estado, la regulación efectiva de las actividades económicas, la transición ecológica justa y solidaria, y la implementación de políticas de adaptación y mitigación con enfoque de justicia climática y territorial.

    Problema: Alta vulnerabilidad climática y degradación ambiental, producto de un modelo extractivista y depredador que priorizó el lucro privado sobre la protección de la naturaleza, debilitó la capacidad del Estado para regular y expuso a las poblaciones más pobres y territorios vulnerables a los efectos del cambio climático.

    • Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) • Índice de vulnerabilidad climática a nivel nacional y regional • Porcentaje del presupuesto público destinado a adaptación y mitigación climática • Número de territorios vulnerables con planes de adaptación climática implementados: • Reducir de manera significativa las emisiones nacionales de GEI, avanzando hacia una disminución de al menos 30 % al 2030, en coherencia con compromisos climáticos y soberanía ambiental. • Disminuir progresivamente la vulnerabilidad climática del país, priorizando territorios rurales, amazónicos y costeros altamente expuestos. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático, implementando planes territoriales de resiliencia climática. • Garantizar una transición ecológica justa, protegiendo a las poblaciones más afectadas y evitando que los costos recaigan sobre el pueblo trabajador.
  • Detener la pérdida de bosques amazónicos y restaurar los ecosistemas forestales, garantizando la soberanía del Estado sobre el territorio, la protección efectiva de los pueblos indígenas y amazónicos, y una gestión sostenible de los bosques bajo liderazgo público y enfoque de justicia ambiental.

    Problema: Deforestación acelerada en la Amazonía, provocada por actividades extractivas ilegales, expansión desordenada de la frontera económica y débil presencia del Estado, que amenaza la biodiversidad, los medios de vida de los pueblos amazónicos y la soberanía nacional sobre territorios estratégicos.

    • Tasa anual de deforestación en la Amazonía (hectáreas por año) • Superficie de bosques amazónicos restaurados o reforestados (hectáreas) • Número de territorios indígenas con protección y vigilancia ambiental efectiva • Número de operativos estatales contra la tala y minería ilegal: • Alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía al 2030, mediante control estatal efectivo y erradicación de actividades ilegales. • Reforestar y restaurar de manera sostenida los ecosistemas amazónicos, avanzando hacia millones de hectáreas recuperadas al 2031. • Fortalecer la presencia integral del Estado en territorios amazónicos, garantizando vigilancia ambiental, control territorial y protección de los pueblos indígenas. • Consolidar un modelo de gestión forestal soberano y sostenible, que priorice la conservación, el uso racional del bosque y el bienestar de las comunidades amazónicas.
  • Combatir frontalmente los delitos ambientales y erradicar las economías ilegales que depredan el territorio, recuperando áreas degradadas y fortaleciendo la fiscalización, el control y la presencia integral del Estado, en defensa del patrimonio natural, la soberanía nacional y los derechos de las comunidades afectadas.

    Problema: Minería y tala ilegal con alto impacto ambiental, producto de la expansión de economías ilegales, la debilidad del control estatal y la captura de territorios por intereses privados ilícitos, que destruyen ecosistemas estratégicos, afectan a pueblos indígenas y socavan la soberanía del Estado.

    • Número de operativos estatales contra minería y tala ilegal • Superficie de áreas degradadas recuperadas (hectáreas) • Número de Áreas Naturales Protegidas con control y vigilancia efectiva • Casos de delitos ambientales con sanción administrativa o penal: • Reducir de manera sostenida y progresiva las áreas afectadas por minería y tala ilegal, mediante operativos integrales y control territorial permanente. • Erradicar la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas, garantizando su protección efectiva bajo conducción del Estado. • Recuperar y restaurar territorios degradados por actividades ilegales, priorizando ecosistemas estratégicos y zonas de alto valor ambiental. • Fortalecer el sistema de fiscalización y sanción ambiental, reduciendo la impunidad y desarticulando redes criminales ambientales.
  • Conservar y recuperar las especies y ecosistemas estratégicos del país, fortaleciendo la protección efectiva del patrimonio biológico nacional, ampliando las Áreas Naturales Protegidas bajo liderazgo del Estado y garantizando una gestión soberana, sostenible y con participación de las comunidades.

    Problema: Débil protección de la biodiversidad, causada por un modelo de desarrollo depredador, la expansión de actividades extractivas sin control, la insuficiente presencia del Estado y la mercantilización de la naturaleza, que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y el patrimonio biológico del país.

    • Porcentaje del territorio nacional bajo protección efectiva (Áreas Naturales Protegidas) • Número de ecosistemas estratégicos con planes de conservación implementados • Número de especies protegidas con acciones de conservación activa • Presupuesto público destinado a la conservación de la biodiversidad: • Ampliar progresivamente las Áreas Naturales Protegidas hasta cubrir aproximadamente el 30 % del territorio nacional, fortaleciendo su gestión y control efectivo. • Implementar planes de conservación en ecosistemas estratégicos y de alta biodiversidad, priorizando aquellos en mayor riesgo. • Incrementar la protección efectiva de especies amenazadas, articulando conservación científica, control estatal y participación comunitaria. • Fortalecer la capacidad del Estado para la gestión y defensa de la biodiversidad, consolidando la soberanía ecológica del país. • las ANP del 17 % al 30 % del territorio nacional
  • Garantizar la seguridad hídrica del país como derecho humano fundamental, mediante un enfoque integral de cuenca, la protección efectiva de glaciares, lagunas y fuentes de agua, y la gestión soberana y pública del recurso hídrico, asegurando acceso sostenible y equitativo para toda la población.

    Problema: Pérdida acelerada de glaciares y creciente riesgo hídrico, como consecuencia del cambio climático, la depredación ambiental y la falta de planificación estatal, que amenazan las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, la vida de las comunidades y el derecho humano al agua.

    • Número de glaciares y lagunas con protección legal y control efectivo • Porcentaje de cuencas hidrográficas con planes de gestión integral implementados • Cobertura de acceso sostenible al agua potable (%) • Presupuesto público destinado a conservación de fuentes hídricas: • Proteger de manera efectiva las principales lagunas y glaciares del país, priorizando aquellas que abastecen a poblaciones, agricultura y ecosistemas estratégicos. • Implementar planes integrales de gestión de cuencas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el agua. • Garantizar el acceso sostenible y seguro al agua potable para la población, reduciendo brechas territoriales y sociales. • Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático en materia hídrica, asegurando la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.
  • Tratar integralmente las aguas residuales urbanas e industriales, bajo liderazgo del Estado, para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública, garantizando el derecho a un ambiente sano y poniendo fin a la contaminación sistemática generada por el modelo de desarrollo irresponsable.

    Problema: Contaminación de ríos, lagos y mar por aguas residuales urbanas e industriales, causada por la falta de inversión pública, la débil fiscalización ambiental y la permisividad del Estado frente a actividades contaminantes, que vulnera el derecho a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano.

    • Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas • Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas • Número de plantas de tratamiento de aguas residuales operativas • Índice de calidad del agua en ríos, lagos y zonas costeras: • Garantizar el tratamiento total de las aguas residuales urbanas en las principales ciudades del país, priorizando aquellas con mayor población y carga contaminante. • Ampliar y modernizar la infraestructura pública de tratamiento de aguas residuales, asegurando operación sostenible y control estatal. • Reducir progresivamente la contaminación de ríos, lagos y mar, mejorando los indicadores de calidad del agua a nivel nacional. • Fortalecer la fiscalización y sanción a actividades industriales contaminantes, protegiendo la salud de la población y los ecosistemas acuáticos.
  • Mejorar sustantivamente la calidad del aire y proteger la salud pública, mediante una regulación estricta de las emisiones contaminantes, el fortalecimiento del transporte público sostenible y la intervención activa del Estado para reducir las fuentes de contaminación urbana, garantizando el derecho a un ambiente sano

    Problema: Contaminación del aire urbano, producto de un modelo de transporte desordenado, la débil regulación estatal de las emisiones industriales y vehiculares, y la priorización del transporte privado sobre el transporte público, que afecta gravemente la salud de la población, especialmente en las grandes ciudades.

    • Concentración promedio anual de material particulado fino (PM2.5) en zonas urbanas • Número de ciudades con monitoreo continuo y público de calidad del aire • Porcentaje de flota vehicular con estándares ambientales limpios • Incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a contaminación del aire: • Reducir de manera significativa los niveles de PM2.5 en las principales ciudades del país, priorizando Lima y las grandes áreas urbanas. • Implementar sistemas de monitoreo de calidad del aire en todas las ciudades principales, con información pública y control estatal. • Avanzar en la reconversión progresiva del transporte urbano hacia tecnologías limpias y transporte público masivo, reduciendo emisiones contaminantes. • Disminuir la carga de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, como resultado de políticas ambientales y de transporte sostenibles.
  • Transitar hacia una economía circular y un sistema de residuos sólidos con enfoque de residuos cero, bajo rectoría del Estado, fortaleciendo la gestión pública, la responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos, para proteger la salud, el ambiente y el bienestar de la población.

    Problema: Gestión inadecuada de los residuos sólidos, resultado del abandono estatal, la municipalización sin recursos, la informalidad y un modelo de consumo que traslada los costos ambientales a la población, generando botaderos, contaminación y riesgos para la salud pública.

    • Porcentaje de residuos sólidos valorizados (reciclaje, reutilización, compostaje) • Número de botaderos erradicados y clausurados • Porcentaje de municipios con sistemas públicos integrales de gestión de residuos • Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios formales: • Eliminar progresivamente los botaderos de residuos a nivel nacional, avanzando hacia su erradicación total antes del 2030. • Incrementar de manera sostenida la valorización de residuos sólidos, avanzando hacia que al menos la mitad de los residuos generados sean reciclados o reaprovechados. • Fortalecer la gestión pública de residuos sólidos en los gobiernos locales, con financiamiento, asistencia técnica y control estatal. • Consolidar un modelo de economía circular, reduciendo la presión sobre ecosistemas y mejorando la calidad ambiental y sanitaria de las ciudades
  • Impulsar una transición energética justa y soberana, diversificando la matriz energética con energías renovables, fortaleciendo el control y la planificación estatal del sector energético, y garantizando acceso universal a energía limpia, segura y asequible para la población.

    Problema: Alta dependencia de combustibles fósiles, resultado de un modelo energético concentrado y dependiente, que expone al país a choques externos, encarece la energía, profundiza la contaminación y limita la soberanía energética nacional.

    • Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%) • Capacidad instalada de generación eléctrica renovable (MW) • Porcentaje de inversión pública en proyectos de energía renovable • Cobertura de acceso a energía eléctrica limpia y sostenible (%): • Alcanzar una participación sustantiva de energías renovables en la matriz eléctrica nacional, avanzando hacia al menos 40 % de generación eléctrica renovable al 2031. • Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, priorizando proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos de pequeña escala y energías limpias descentralizadas. • Fortalecer el rol del Estado en la planificación y conducción de la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. • Garantizar acceso universal a energía limpia y asequible, especialmente en zonas rurales y amazónicas, como parte del derecho al desarrollo
  • Implementar un ordenamiento territorial ecológico y económico de carácter vinculante, bajo conducción del Estado, que oriente el uso del territorio de manera preventiva, soberana y sostenible, priorizando la protección de la vida, los ecosistemas, los derechos de las comunidades y el desarrollo nacional planificado

    Problema: Falta de ordenamiento territorial vinculante, que permite el uso desordenado del territorio, la superposición de actividades extractivas, la expansión de conflictos socioambientales y la subordinación de la planificación pública a intereses privados, debilitando la soberanía del Estado y la protección de las comunidades

    • Número y porcentaje de Zonas Económicas Ecológicas (ZEE) aprobadas e implementadas con carácter vinculante • Número de instrumentos de ordenamiento territorial articulados a la planificación nacional • Número de conflictos socioambientales activos vinculados al uso del territorio • Porcentaje de proyectos de inversión evaluados conforme al ordenamiento territorial: • Aprobar e implementar una Ley Marco de Ordenamiento Territorial de carácter vinculante, consolidando la rectoría del Estado sobre el uso del territorio. • Implementar Zonas Económicas Ecológicas vinculantes en todo el territorio nacional, articuladas a los planes de desarrollo regional y nacional. • Reducir progresivamente los conflictos socioambientales, mediante planificación preventiva y decisión pública soberana sobre el territorio. • Garantizar que los proyectos de inversión se adecúen al ordenamiento territorial, priorizando la protección ambiental, social y cultural.
  • Promover una ciudadanía ambiental crítica y organizada, fortaleciendo la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo y la participación social, bajo liderazgo del Estado, para la defensa del patrimonio natural, la sostenibilidad y el ejercicio consciente de los derechos ambientales.

    Problema: Insuficiente educación y cultura ambiental, resultado de la ausencia de una política educativa integral, la débil incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo y la limitada participación social en la defensa del ambiente, lo que debilita la conciencia colectiva y la corresponsabilidad ciudadana.

    • Porcentaje de instituciones educativas que incorporan educación ambiental en su currículo • Número de docentes capacitados en educación ambiental • Número de programas comunitarios de educación y vigilancia ambiental • Nivel de participación ciudadana en iniciativas ambientales locales: • Incorporar de manera obligatoria la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional, fortaleciendo el currículo y la formación docente. • Capacitar progresivamente al personal docente en enfoque ambiental, garantizando calidad y pertinencia pedagógica. • Implementar programas comunitarios de educación y participación ambiental en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad ambiental. • Fortalecer la conciencia ambiental y la participación organizada de la ciudadanía, como base de la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.
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Preguntas frecuentes

Que proponen los partidos sobre propuestas ambientales para las elecciones Peru 2026?

35 partidos presentan un total de 131 propuestas en la dimension ambiental. Cada propuesta incluye un problema identificado, objetivo y metas medibles.

Cuantos partidos tienen propuestas de propuestas ambientales?

35 de 38 partidos presentan propuestas estructuradas en la dimension ambiental de sus planes de gobierno.

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