Proteger el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia climática del país, mediante el liderazgo activo del Estado, la regulación efectiva de las actividades económicas, la transición ecológica justa y solidaria, y la implementación de políticas de adaptación y mitigación con enfoque de justicia climática y territorial.
Problema: Alta vulnerabilidad climática y degradación ambiental, producto de un modelo extractivista y depredador que priorizó el lucro privado sobre la protección de la naturaleza, debilitó la capacidad del Estado para regular y expuso a las poblaciones más pobres y territorios vulnerables a los efectos del cambio climático.
• Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI)
• Índice de vulnerabilidad climática a nivel nacional y regional
• Porcentaje del presupuesto público destinado a adaptación y mitigación climática
• Número de territorios vulnerables con planes de adaptación climática implementados: • Reducir de manera significativa las emisiones nacionales de GEI, avanzando hacia una disminución de al menos 30 % al 2030, en coherencia con compromisos climáticos y soberanía ambiental.
• Disminuir progresivamente la vulnerabilidad climática del país, priorizando territorios rurales, amazónicos y costeros altamente expuestos.
• Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático, implementando planes territoriales de resiliencia climática.
• Garantizar una transición ecológica justa, protegiendo a las poblaciones más afectadas y evitando que los costos recaigan sobre el pueblo trabajador.
Detener la pérdida de bosques amazónicos y restaurar los ecosistemas forestales, garantizando la soberanía del Estado sobre el territorio, la protección efectiva de los pueblos indígenas y amazónicos, y una gestión sostenible de los bosques bajo liderazgo público y enfoque de justicia ambiental.
Problema: Deforestación acelerada en la Amazonía, provocada por actividades extractivas ilegales, expansión desordenada de la frontera económica y débil presencia del Estado, que amenaza la biodiversidad, los medios de vida de los pueblos amazónicos y la soberanía nacional sobre territorios estratégicos.
• Tasa anual de deforestación en la Amazonía (hectáreas por año)
• Superficie de bosques amazónicos restaurados o reforestados (hectáreas)
• Número de territorios indígenas con protección y vigilancia ambiental efectiva
• Número de operativos estatales contra la tala y minería ilegal: • Alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía al 2030, mediante control estatal efectivo y erradicación de actividades ilegales.
• Reforestar y restaurar de manera sostenida los ecosistemas amazónicos, avanzando hacia millones de hectáreas recuperadas al 2031.
• Fortalecer la presencia integral del Estado en territorios amazónicos, garantizando vigilancia ambiental, control territorial y protección de los pueblos indígenas.
• Consolidar un modelo de gestión forestal soberano y sostenible, que priorice la conservación, el uso racional del bosque y el bienestar de las comunidades amazónicas.
Combatir frontalmente los delitos ambientales y erradicar las economías ilegales que depredan el territorio, recuperando áreas degradadas y fortaleciendo la fiscalización, el control y la presencia integral del Estado, en defensa del patrimonio natural, la soberanía nacional y los derechos de las comunidades afectadas.
Problema: Minería y tala ilegal con alto impacto ambiental, producto de la expansión de economías ilegales, la debilidad del control estatal y la captura de territorios por intereses privados ilícitos, que destruyen ecosistemas estratégicos, afectan a pueblos indígenas y socavan la soberanía del Estado.
• Número de operativos estatales contra minería y tala ilegal
• Superficie de áreas degradadas recuperadas (hectáreas)
• Número de Áreas Naturales Protegidas con control y vigilancia efectiva
• Casos de delitos ambientales con sanción administrativa o penal: • Reducir de manera sostenida y progresiva las áreas afectadas por minería y tala ilegal, mediante operativos integrales y control territorial permanente.
• Erradicar la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas, garantizando su protección efectiva bajo conducción del Estado.
• Recuperar y restaurar territorios degradados por actividades ilegales, priorizando ecosistemas estratégicos y zonas de alto valor ambiental.
• Fortalecer el sistema de fiscalización y sanción ambiental, reduciendo la impunidad y desarticulando redes criminales ambientales.
Conservar y recuperar las especies y ecosistemas estratégicos del país, fortaleciendo la protección efectiva del patrimonio biológico nacional, ampliando las Áreas Naturales Protegidas bajo liderazgo del Estado y garantizando una gestión soberana, sostenible y con participación de las comunidades.
Problema: Débil protección de la biodiversidad, causada por un modelo de desarrollo depredador, la expansión de actividades extractivas sin control, la insuficiente presencia del Estado y la mercantilización de la naturaleza, que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos y el patrimonio biológico del país.
• Porcentaje del territorio nacional bajo protección efectiva (Áreas Naturales Protegidas)
• Número de ecosistemas estratégicos con planes de conservación implementados
• Número de especies protegidas con acciones de conservación activa
• Presupuesto público destinado a la conservación de la biodiversidad: • Ampliar progresivamente las Áreas Naturales Protegidas hasta cubrir aproximadamente el 30 % del territorio nacional, fortaleciendo su gestión y control efectivo.
• Implementar planes de conservación en ecosistemas estratégicos y de alta biodiversidad, priorizando aquellos en mayor riesgo.
• Incrementar la protección efectiva de especies amenazadas, articulando conservación científica, control estatal y participación comunitaria.
• Fortalecer la capacidad del Estado para la gestión y defensa de la biodiversidad, consolidando la soberanía ecológica del país.
• las ANP del 17 % al 30 % del territorio nacional
Garantizar la seguridad hídrica del país como derecho humano fundamental, mediante un enfoque integral de cuenca, la protección efectiva de glaciares, lagunas y fuentes de agua, y la gestión soberana y pública del recurso hídrico, asegurando acceso sostenible y equitativo para toda la población.
Problema: Pérdida acelerada de glaciares y creciente riesgo hídrico, como consecuencia del cambio climático, la depredación ambiental y la falta de planificación estatal, que amenazan las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, la vida de las comunidades y el derecho humano al agua.
• Número de glaciares y lagunas con protección legal y control efectivo
• Porcentaje de cuencas hidrográficas con planes de gestión integral implementados
• Cobertura de acceso sostenible al agua potable (%)
• Presupuesto público destinado a conservación de fuentes hídricas: • Proteger de manera efectiva las principales lagunas y glaciares del país, priorizando aquellas que abastecen a poblaciones, agricultura y ecosistemas estratégicos.
• Implementar planes integrales de gestión de cuencas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el agua.
• Garantizar el acceso sostenible y seguro al agua potable para la población, reduciendo brechas territoriales y sociales.
• Fortalecer la capacidad del Estado para la adaptación al cambio climático en materia hídrica, asegurando la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.
Tratar integralmente las aguas residuales urbanas e industriales, bajo liderazgo del Estado, para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública, garantizando el derecho a un ambiente sano y poniendo fin a la contaminación sistemática generada por el modelo de desarrollo irresponsable.
Problema: Contaminación de ríos, lagos y mar por aguas residuales urbanas e industriales, causada por la falta de inversión pública, la débil fiscalización ambiental y la permisividad del Estado frente a actividades contaminantes, que vulnera el derecho a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano.
• Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas
• Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas
• Número de plantas de tratamiento de aguas residuales operativas
• Índice de calidad del agua en ríos, lagos y zonas costeras: • Garantizar el tratamiento total de las aguas residuales urbanas en las principales ciudades del país, priorizando aquellas con mayor población y carga contaminante.
• Ampliar y modernizar la infraestructura pública de tratamiento de aguas residuales, asegurando operación sostenible y control estatal.
• Reducir progresivamente la contaminación de ríos, lagos y mar, mejorando los indicadores de calidad del agua a nivel nacional.
• Fortalecer la fiscalización y sanción a actividades industriales contaminantes, protegiendo la salud de la población y los ecosistemas acuáticos.
Mejorar sustantivamente la calidad del aire y proteger la salud pública, mediante una regulación estricta de las emisiones contaminantes, el fortalecimiento del transporte público sostenible y la intervención activa del Estado para reducir las fuentes de contaminación urbana, garantizando el derecho a un ambiente sano
Problema: Contaminación del aire urbano, producto de un modelo de transporte desordenado, la débil regulación estatal de las emisiones industriales y vehiculares, y la priorización del transporte privado sobre el transporte público, que afecta gravemente la salud de la población, especialmente en las grandes ciudades.
• Concentración promedio anual de material particulado fino (PM2.5) en zonas urbanas
• Número de ciudades con monitoreo continuo y público de calidad del aire
• Porcentaje de flota vehicular con estándares ambientales limpios
• Incidencia de enfermedades respiratorias asociadas a contaminación del aire: • Reducir de manera significativa los niveles de PM2.5 en las principales ciudades del país, priorizando Lima y las grandes áreas urbanas.
• Implementar sistemas de monitoreo de calidad del aire en todas las ciudades principales, con información pública y control estatal.
• Avanzar en la reconversión progresiva del transporte urbano hacia tecnologías limpias y transporte público masivo, reduciendo emisiones contaminantes.
• Disminuir la carga de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire, como resultado de políticas ambientales y de transporte sostenibles.
Transitar hacia una economía circular y un sistema de residuos sólidos con enfoque de residuos cero, bajo rectoría del Estado, fortaleciendo la gestión pública, la responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos, para proteger la salud, el ambiente y el bienestar de la población.
Problema: Gestión inadecuada de los residuos sólidos, resultado del abandono estatal, la municipalización sin recursos, la informalidad y un modelo de consumo que traslada los costos ambientales a la población, generando botaderos, contaminación y riesgos para la salud pública.
• Porcentaje de residuos sólidos valorizados (reciclaje, reutilización, compostaje)
• Número de botaderos erradicados y clausurados
• Porcentaje de municipios con sistemas públicos integrales de gestión de residuos
• Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios formales: • Eliminar progresivamente los botaderos de residuos a nivel nacional, avanzando hacia su erradicación total antes del 2030.
• Incrementar de manera sostenida la valorización de residuos sólidos, avanzando hacia que al menos la mitad de los residuos generados sean reciclados o reaprovechados.
• Fortalecer la gestión pública de residuos sólidos en los gobiernos locales, con financiamiento, asistencia técnica y control estatal.
• Consolidar un modelo de economía circular, reduciendo la presión sobre ecosistemas y mejorando la calidad ambiental y sanitaria de las ciudades
Impulsar una transición energética justa y soberana, diversificando la matriz energética con energías renovables, fortaleciendo el control y la planificación estatal del sector energético, y garantizando acceso universal a energía limpia, segura y asequible para la población.
Problema: Alta dependencia de combustibles fósiles, resultado de un modelo energético concentrado y dependiente, que expone al país a choques externos, encarece la energía, profundiza la contaminación y limita la soberanía energética nacional.
• Participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional (%)
• Capacidad instalada de generación eléctrica renovable (MW)
• Porcentaje de inversión pública en proyectos de energía renovable
• Cobertura de acceso a energía eléctrica limpia y sostenible (%): • Alcanzar una participación sustantiva de energías renovables en la matriz eléctrica nacional, avanzando hacia al menos 40 % de generación eléctrica renovable al 2031.
• Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, priorizando proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos de pequeña escala y energías limpias descentralizadas.
• Fortalecer el rol del Estado en la planificación y conducción de la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.
• Garantizar acceso universal a energía limpia y asequible, especialmente en zonas rurales y amazónicas, como parte del derecho al desarrollo
Implementar un ordenamiento territorial ecológico y económico de carácter vinculante, bajo conducción del Estado, que oriente el uso del territorio de manera preventiva, soberana y sostenible, priorizando la protección de la vida, los ecosistemas, los derechos de las comunidades y el desarrollo nacional planificado
Problema: Falta de ordenamiento territorial vinculante, que permite el uso desordenado del territorio, la superposición de actividades extractivas, la expansión de conflictos socioambientales y la subordinación de la planificación pública a intereses privados, debilitando la soberanía del Estado y la protección de las comunidades
• Número y porcentaje de Zonas Económicas Ecológicas (ZEE) aprobadas e implementadas con carácter vinculante
• Número de instrumentos de ordenamiento territorial articulados a la planificación nacional
• Número de conflictos socioambientales activos vinculados al uso del territorio
• Porcentaje de proyectos de inversión evaluados conforme al ordenamiento territorial: • Aprobar e implementar una Ley Marco de Ordenamiento Territorial de carácter vinculante, consolidando la rectoría del Estado sobre el uso del territorio.
• Implementar Zonas Económicas Ecológicas vinculantes en todo el territorio nacional, articuladas a los planes de desarrollo regional y nacional.
• Reducir progresivamente los conflictos socioambientales, mediante planificación preventiva y decisión pública soberana sobre el territorio.
• Garantizar que los proyectos de inversión se adecúen al ordenamiento territorial, priorizando la protección ambiental, social y cultural.
Promover una ciudadanía ambiental crítica y organizada, fortaleciendo la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo y la participación social, bajo liderazgo del Estado, para la defensa del patrimonio natural, la sostenibilidad y el ejercicio consciente de los derechos ambientales.
Problema: Insuficiente educación y cultura ambiental, resultado de la ausencia de una política educativa integral, la débil incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo y la limitada participación social en la defensa del ambiente, lo que debilita la conciencia colectiva y la corresponsabilidad ciudadana.
• Porcentaje de instituciones educativas que incorporan educación ambiental en su currículo
• Número de docentes capacitados en educación ambiental
• Número de programas comunitarios de educación y vigilancia ambiental
• Nivel de participación ciudadana en iniciativas ambientales locales: • Incorporar de manera obligatoria la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional, fortaleciendo el currículo y la formación docente.
• Capacitar progresivamente al personal docente en enfoque ambiental, garantizando calidad y pertinencia pedagógica.
• Implementar programas comunitarios de educación y participación ambiental en todo el territorio nacional, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad ambiental.
• Fortalecer la conciencia ambiental y la participación organizada de la ciudadanía, como base de la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.