Cobertura en planes de gobierno
Seguridad ciudadana
Criminalidad, violencia callejera, reforma PNP, sistema penitenciario. Análisis de los 35 planes de gobierno para las elecciones Peru 2026.
33
partidos lo abordan
22
lo hacen prioridad central
100%
cobertura del partido líder
Ranking de partidos
¿Qué partidos lo priorizan?
Puntuación basada en el análisis de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
Propone reducir la victimización urbana a 5% o menos al 2031 mediante patrullaje integrado focalizado en puntos críticos y presencia del Estado en barrios, mercados y colegios. Crea unidades especializadas contra extorsión y sicariato con inteligencia e investigación criminal para desarticular organizaciones. Meta del 80% o más de reducción en denuncias de delitos vinculados al crimen organizado al 2031.
Reconoce una situación alarmante de criminalidad violenta, homicidios y sicariato, especialmente en Lima y La Libertad. Plantea reducir la tasa de homicidios y desarticular organizaciones criminales, así como regularizar la situación migratoria de extranjeros en el país. No detalla propuestas específicas de implementación más allá del diagnóstico e indicadores de seguimiento.
Propone refundar la PNP mediante una misión internacional y establecer responsabilidad penal para ejecutivos de telecomunicaciones que no bloqueen líneas usadas en extorsión. Amplía el delito de extorsión digital para incluir amenazas por WhatsApp, Telegram y llamadas VoIP. Plantea cambiar el modelo de compra de vehículos a renting con mantenimiento incluido para garantizar una flota 100% operativa.
Propone un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, FFAA, PNP y organismos de inteligencia. Lanzará un Programa Nacional de Prevención Temprana con actividades deportivas, culturales y becas para jóvenes en zonas vulnerables. La meta al 2031 es reducir en 20% la tasa de homicidios e implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia.
Reconoce que los niveles de violencia en el Perú al 2025 son sin precedentes, comparables a la época del terrorismo, con 575 homicidios solo en el tercer trimestre de 2025. No menciona propuestas específicas sobre este tema más allá del diagnóstico estadístico presentado.
Propone el fortalecimiento y reingeniería institucional y operativa de la PNP, control territorial disuasivo conjunto PNP-FFAA, y reforma procesal para evitar la liberación de delincuentes capturados bajo el lema "cero impunidad". No especifica metas cuantitativas ni plazos concretos de implementación.
Propone una reforma integral de la PNP con énfasis en investigación criminal, integridad y tecnología, incluyendo suspensión preventiva obligatoria para efectivos detenidos por delitos. Crea un sistema nacional de denuncia ciudadana para fortalecer la capacidad operativa frente a la delincuencia y el crimen organizado. Reconoce la declaración de la víctima y registros digitales como elementos suficientes para activar medidas cautelares de protección.
Propone equipos de élite contra extorsionadores y bandas criminales, patrullaje integrado PNP-municipal con meta de 90% de cobertura, y mejora de iluminación urbana y vigilancia comunitaria. Plantea construir 3 cárceles de máxima seguridad adicionales y cortar comunicaciones criminales desde los penales. Incluye un Registro Nacional de Juntas Vecinales y tecnología para fortalecer la inteligencia e investigación.
Identifica como fallas estructurales la falta de recursos logísticos, tecnológicos y de formación de calidad en la PNP, así como un sistema penal que no sanciona eficazmente. Propone invertir en tecnología e inteligencia artificial para el Poder Judicial y el Ministerio Público, y promover mecanismos alternativos de solución de conflictos. Busca también corregir la penetración del crimen organizado transnacional en economías informales.
Plantea reducir la violencia homicida mediante intervenciones focalizadas en territorios de mayor incidencia y fortalecer la capacidad de prevención, control y respuesta del Estado. Propone reformar institucionalmente la PNP con rediseño organizacional y fortalecimiento de la carrera policial. Combina estrategias de prevención situacional y operativa para reducir hurtos, robos y estafas en zonas urbanas.
Propone implementar Zonas Seguras Integradas con presencia policial, fiscal y judicial permanente, y fortalecer juntas vecinales con enfoque comunitario. Prioriza intervenciones en focos críticos como La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima, Callao, Áncash, Ica y Arequipa. Crea una Plataforma Nacional de Análisis Criminal y apunta a lograr el 55% de distritos con patrullaje integrado PNP-serenazgo.
Propone clasificar a los reclusos por nivel de riesgo criminológico y crear establecimientos penitenciarios diferenciados, incluyendo penales de máxima seguridad para líderes del crimen organizado. Plantea acelerar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes con enfoque socioeducativo para reducir el reclutamiento criminal. Incluye medidas específicas contra la violencia de género, dado que el 52% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja.
Propone reformar la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario con enfoque en mecanismos de resocialización. Plantea proteger a operadores de justicia, víctimas y testigos mediante unidades de acompañamiento, refugios seguros y claves de identificación. Busca reducir tiempos procesales, aumentar condenas efectivas y recuperar la confianza ciudadana en la justicia.
Propone corredores urbanos seguros en zonas de alta incidencia delictiva, combinando iluminación, vivienda, transporte y presencia estatal. La política de seguridad se integra al Centro de Gobierno con estrategia única a nivel nacional y ejecución coordinada en territorio. Incluye reformas al uso del control difuso judicial para corregir decisiones ideologizadas que generan impunidad.
Propone combatir la extorsión sistemática contra transportistas, comerciantes y pequeños empresarios con intervención articulada entre seguridad y política económica. Plantea protección social integral ante el crimen para poblaciones en situación de pobreza, especialmente mujeres migrantes víctimas de trata. Señala que la corrupción en instituciones de seguridad y justicia es identificada por el 45% de ciudadanos como la principal causa del aumento de criminalidad.
Propone reestructurar el sistema de justicia incluyendo la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. No presenta propuestas detalladas ni metas cuantitativas específicas para reducir la delincuencia o el crimen organizado.
Diseña una estrategia de prevención en tres niveles: primaria (cultura, deporte, empleo), secundaria (mediación comunitaria) y terciaria (programas de salida del delito). Propone un nuevo régimen de beneficios penitenciarios que considere la gravedad del delito, la reincidencia y el arrepentimiento como requisitos base. Incluye formación temprana en Estado de Derecho, cultura de paz e identidad nacional desde las escuelas.
Propone crear una Central de Lucha Contra la Corrupción (CCC) con plenos poderes para detectar, infiltrar y capturar delitos en flagrancia e irregularidades funcionales en todos los niveles de gobierno. Busca reducir significativamente los índices de violencia y recuperar el principio de autoridad y la confianza en las instituciones. Incluye uso de tecnología de vigilancia e impulsará una ley para resolver controversias y agilizar procesos judiciales y administrativos.
Busca reducir la tasa de homicidios a 2.8 por 100,000 habitantes y las denuncias de extorsión en 18% respecto al último periodo, fortaleciendo un sistema integral de seguridad ciudadana y la contrainteligencia policial. Propone equipar, modernizar y moralizar las fuerzas policiales y dictar leyes severas para sancionar a delincuentes. Apunta a mejorar la percepción de seguridad ciudadana de forma sostenida.
Propone crear una comisión de depuración de la PNP con unidad de inteligencia financiera, pruebas de confianza y exámenes toxicológicos, y cambiar el régimen disciplinario. Contempla construir y equipar 5 laboratorios de investigación criminal certificados, y mejorar el sistema penitenciario y los códigos procesal penal y de ejecución penal. Garantiza que todo peruano tiene igual derecho a la seguridad sin discriminación por condición económica.
Propone aumentar en 30% los suboficiales dedicados a investigación criminal y crear Grupos Especiales de Inteligencia entre DEINCRI, DEPINCRI, Ministerio Público y Migraciones. Busca reducir en 40% el tiempo de investigación preliminar en delitos complejos y mejorar el control de fronteras para frenar el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas. Incluye la instalación de 2,000 módulos de flagrancia y la descongestión judicial mediante tecnología.
Propone crear el Registro Nacional de Corrupción Policial, Fiscal y Judicial (RENACOFPJ) con tecnología integral de monitoreo. Contempla reformas integrales de la PNP, aumento de policías especializados y mejora de comisarías. Busca que el 80% de procedimientos de conciliación extrajudicial concluyan con acuerdo total o parcial y que el 75% de adolescentes egresados ejecuten actividades prosociales.
Busca reducir en 90% la tasa de delitos violentos y crimen organizado, con mayor foco en distritos priorizados, y reducir en 70% los homicidios y en 90% los casos de extorsión. Propone modernizar al menos el 75% de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas con equipamiento interoperable. Incluye metas de reducción del 50% de víctimas de trata de personas y erradicación progresiva en zonas priorizadas.
Propone derogar las leyes que favorecen la impunidad y establecer control ciudadano y veedurías sobre las instituciones de seguridad. Plantea revisar las normas de ascenso y régimen disciplinario de la PNP para sancionar efectivamente la corrupción interna. Impulsa mecanismos de democratización de los ascensos y fortalecimiento de la formación policial.
Plantea reducir de forma sostenida la extorsión y los delitos violentos, así como la expansión de economías ilegales en territorios rurales y de frontera. Fija como meta elevar el índice de confianza en el sistema de justicia a 40/100 o más al 2031. Combina intervenciones de seguridad con reforma del sistema de integridad y gobierno abierto.
Propone operativos focalizados con mapas de calor e inteligencia artificial para reducir robos, ampliar la plataforma de emergencias 105 y simplificar protocolos de recepción de denuncias. Plantea cerrar una brecha urgente de equipamiento con 6,000 vehículos y 6,000 motocicletas para patrullaje, además de incrementar las penas a autores intelectuales de sicariato. Incluye saneamiento de comisarías y reducción de duplicidades administrativas entre el Ministerio del Interior y la PNP.
Define tres objetivos estratégicos: desarticular organizaciones criminales transnacionales y bandas locales mediante inteligencia avanzada, reducir la percepción de corrupción institucional, y reconstruir la confianza ciudadana en la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Reconoce que las acciones previas de todos los niveles de gobierno no han logrado resultados suficientes. Propone sanciones efectivas a instituciones y personajes que perpetúan la impunidad.
Propone reducir estructuralmente la violencia y la criminalidad mediante una política integral de seguridad ciudadana con enfoque preventivo y de derechos. Contempla elevar la cobertura policial a estándares que permitan atención oportuna y preventiva, e implementar un sistema de formación, capacitación y evaluación permanente para la PNP. Busca reducir sustancialmente las prácticas de corrupción dentro de la institución policial.
Apunta a que el 100% de comisarías cuenten con servicios básicos adecuados y propone 5 publicaciones conjuntas de análisis criminal colaborativo. Frente a la alta incidencia de extorsión, plantea fortalecer la profesionalización y los procesos de ascenso en la PNP con criterios de integridad. Busca restablecer la confianza institucional en un contexto donde más de dos tercios de los peruanos desconfían de la Policía.
¿Cómo se calcula la puntuación?
1.0
Prioridad central
El partido dedica secciones enteras al tema con propuestas detalladas y metas concretas.
0.7
Propuestas concretas
El plan incluye propuestas específicas pero no es un eje principal del programa.
0.3
Mención breve
El tema aparece mencionado sin propuestas desarrolladas.
0.0
No mencionado
El plan de gobierno no aborda este tema. No significa que el partido esté en contra.
Puntuación generada por análisis de IA de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
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