Extorsión, sicariato, bandas criminales, crimen transnacional. Análisis de los 35 planes de gobierno para las elecciones Peru 2026.
31
partidos lo abordan
22
lo hacen prioridad central
100%
cobertura del partido líder
Puntuación basada en el análisis de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
Propone reducir la violencia homicida mediante intervenciones focalizadas en territorios de mayor incidencia, y neutralizar el mando criminal desde las cárceles separando a líderes criminales en regímenes especiales con controles tecnológicos para impedir que dirijan operaciones desde prisión.
Plantea dos objetivos estratégicos: reducir la extorsión y delitos violentos en zonas urbanas, y reducir la expansión de economías ilegales en territorios rurales y de frontera. Como meta al 2031 busca alcanzar un índice de confianza en el sistema de justicia de 40/100 o más, con cero tolerancia a la corrupción.
Propone reforzar el Sistema Integrado de Migraciones para detectar redes de tráfico ilícito, trata de personas y sicariato transnacional. Plantea una estrategia estatal robusta contra la trata de personas basada en la Ley N.° 28950, con énfasis en cooperación policial en zonas fronterizas para combatir narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.
Plantea equipos de élite que combatan directamente bandas de extorsionadores y otros grupos criminales, construir 3 cárceles de máxima seguridad adicionales para aislar criminales de alta peligrosidad, y cortar las comunicaciones criminales desde los penales. También propone salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para adoptar políticas penales más firmes.
Alerta sobre la penetración del crimen organizado transnacional en economías informales e instituciones, y propone penas severas para el desvío de armas y explosivos hacia organizaciones criminales. Plantea inversión en tecnología e inteligencia artificial para el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de mejorar controles en SUCAMEC y DREM.
Propone fortalecer fiscalías especializadas con equipos contra extorsión, sicariato, trata de personas y lavado de activos, y democratizar los ascensos y el régimen disciplinario de la PNP para sancionar la corrupción interna. Señala que más del 80% de la población no confía en la Policía Nacional.
Plantea reducir la victimización urbana a 5% o menos al 2031 mediante patrullaje integrado en puntos críticos y unidades especializadas contra extorsión y sicariato. La meta es reducir en 80% o más las denuncias por delitos vinculados al crimen organizado, con protección efectiva a víctimas y testigos.
Propone crear un Centro de Lucha contra la Criminalidad que centralice información sobre bandas, integrantes y líderes para identificarlos y detenerlos. Busca reducir organizaciones de trata de personas y otros delitos conexos, y bajar la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Busca reducir sostenidamente el sicariato y la extorsión mediante modernización de inteligencia y persecución penal, e incorpora responsabilidad penal para ejecutivos de telecom que no bloqueen líneas usadas en extorsión. Amplía el delito de extorsión digital a amenazas por WhatsApp, Telegram, Facebook y llamadas VoIP, con meta de reducir la tasa de muertes violentas.
Propone restituir la extinción de dominio derogando la Ley 32326 para cortar los flujos financieros del crimen organizado, e intervenir integralmente 6 territorios críticos: Pataz, Madre de Dios, VRAEM, entre otros. También plantea implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para reducir el reclutamiento criminal.
Propone unidades de acompañamiento, refugios seguros y mecanismos de alerta para proteger a operadores de justicia, víctimas y testigos. Plantea estrategias territoriales diferenciadas para combatir el crimen organizado, reconociendo que las lógicas delictivas varían entre Lima, el norte y la Amazonía, con enfoque en articulación entre PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario.
Propone articular mecanismos de cooperación internacional para la persecución de organizaciones criminales y extradición eficaz de implicados en corrupción transnacional. Plantea usar análisis predictivo y Big Data para detectar patrones sospechosos en contratos y transacciones públicas.
Propone un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado integrado por los más altos niveles del Ejecutivo, FF.AA., PNP y organismos de inteligencia. Plantea controlar las cadenas de valor criminales con interdicción de insumos, rutas y puntos de comercio, y modernizar el sistema con reconocimiento facial y mapeo delictivo.
Identifica al Tren de Aragua como la principal amenaza criminal transnacional y propone 50 unidades antiextorsión operando 24/7 en zonas críticas. Plantea un protocolo único de atención a víctimas de extorsión articulando PNP, Ministerio Público y COFIDE, con fondos de resiliencia para negocios afectados.
Plantea tres objetivos: desarticular organizaciones criminales transnacionales y bandas locales mediante inteligencia avanzada, fortalecer la confianza institucional en PNP y Poder Judicial, y reducir la percepción de corrupción que alimenta la impunidad. El enfoque se centra en extorsión y sicariato.
Propone negociar con Venezuela la deportación de delincuentes e inmigrantes ilegales venezolanos a cambio de la compra del 90% del petróleo importado desde ese país (aproximadamente 9,000 millones de dólares anuales). También contempla deportar a ilegales a cambio de no aplicar tasas a las remesas.
Propone crear un Banco de ADN de mineral aurífero para identificar procedencia del oro ilegal y crear unidades especializadas en desvío de insumos químicos para minería ilegal dentro de la PNP. También plantea derogar y modificar leyes que limitan la persecución de organizaciones criminales.
Plantea ampliar capacidades policiales mediante contrainteligencia y tecnología, con personal de alta experiencia instalado en todas las regiones. Tiene como meta reducir la tasa de homicidios a 2.8 por 100,000 habitantes y las denuncias de extorsión en 18% respecto al último período.
Propone reducir en 70% la tasa de homicidios y en 90% los casos de extorsión a nivel nacional, y reducir en 50% las víctimas de trata de personas. Focaliza la lucha contra la delincuencia en los distritos más peligrosos con presupuestos adecuados y al menos el 75% de unidades operativas de las Fuerzas Armadas con equipamiento modernizado.
Plantea implementar Zonas Seguras Integradas con presencia policial, fiscal y judicial permanente, y fortalecer juntas vecinales con enfoque comunitario. Prioriza intervenciones en focos críticos como La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima, Callao, Áncash, Ica y Arequipa, con una plataforma nacional de análisis de inteligencia.
Señala que la formalización económica requiere combatir las actividades ilegales que se infiltran mediante lavado de activos en sectores como minería, transporte y construcción. Propone crear una división especializada en tráfico ilegal de terrenos dentro de la PNP para investigar e infiltrar mafias de tierras.
Propone crear la Autoridad Nacional Antidrogas (ANAN) con autonomía constitucional y atribuciones de levantamiento de secreto bancario, responsable de la política antidrogas, sustitución de cultivos y control de insumos químicos, con una división especializada en investigaciones financieras y lavado de activos.
Señala que la falta de control efectivo en fronteras facilita el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas, tráfico de drogas, armas y contrabando. No desarrolla propuestas concretas específicas sobre crimen organizado más allá del diagnóstico de control fronterizo.
Plantea incrementar penas a autores intelectuales del sicariato, reducir beneficios penitenciarios para condenados por este delito y realizar operativos focalizados coordinados entre la PNP y la Fiscalía para incautar armas ilegales y capturar cabecillas. También propone el control del desplazamiento de sicarios mediante interdicción.
Prioridad central
El partido dedica secciones enteras al tema con propuestas detalladas y metas concretas.
Propuestas concretas
El plan incluye propuestas específicas pero no es un eje principal del programa.
Mención breve
El tema aparece mencionado sin propuestas desarrolladas.
No mencionado
El plan de gobierno no aborda este tema. No significa que el partido esté en contra.
Puntuación generada por análisis de IA de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
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