Cobertura en planes de gobierno
Corrupción y justicia
Corrupción pública, sistema judicial, fiscalía, transparencia. Análisis de los 35 planes de gobierno para las elecciones Peru 2026.
35
partidos lo abordan
20
lo hacen prioridad central
100%
cobertura del partido líder
Ranking de partidos
¿Qué partidos lo priorizan?
Puntuación basada en el análisis de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
Señala que según la Contraloría el Perú pierde por corrupción 24,000 millones de soles anuales —el 12% del presupuesto estatal— con un incremento anual del 10%, casi tres veces el crecimiento del PBI. No detalla propuestas específicas de reforma judicial o anticorrupción más allá del diagnóstico cuantitativo.
Propone crear una Central de Lucha Contra la Corrupción (CCC) con plenos poderes para detectar, infiltrar y capturar delitos en flagrancia e irregularidades en todos los niveles de gobierno. Impulsa el Gobierno Digital para integrar la transparencia del Estado con los ciudadanos y promueve el ascenso por meritocracia en el sector justicia. Busca recuperar el principio de autoridad y la confianza en las instituciones mediante la eliminación de duplicidades ministeriales y la redistribución del personal.
Propone despolitizar el sistema de justicia eliminando la provisionalidad de fiscales y la supernumerariedad de jueces, que afectan gravemente la independencia funcional y la calidad de las decisiones. Fortalece al Ministerio Público con presupuesto y personal adecuados para dirigir la investigación penal con eficacia. Plantea una reforma estructural para que el Estado cuente con un sistema de justicia articulado, moderno y dotado de capacidades tecnológicas y normativas.
Propone sanciones penales, administrativas, civiles y patrimoniales para todos los actos de corrupción, con endurecimiento de las penas y "muerte civil" definitiva para cualquier servidor sentenciado por corrupción de funcionarios. Crea fideicomisos de gestión para grandes proyectos de infraestructura administrados por organismos técnicos independientes, eliminando el uso político de los recursos. Busca asegurar consecuencias reales, inmediatas y proporcionales a cada acto ilícito para eliminar la impunidad y desincentivar la reincidencia.
Propone tolerancia cero a la corrupción con digitalización de trámites clave y un Estado que responde con integridad. Señala que la impunidad persiste porque los delitos no reciben sanción efectiva o prescriben por el excesivo plazo de tramitación, agravado por el insuficiente número de juzgados y fiscalías permanentes. Contempla reformas estructurales del sistema político, el sistema de justicia, el sistema carcelario y la política criminal.
Propone un sistema anticorrupción con rango constitucional que articule a todas las entidades del Estado con conducción clara para evitar que las investigaciones se alarguen y prescriban. Plantea terminar con la captura política del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, y fortalecer la justicia electoral. Busca que la inhabilitación automática cierre el paso a la reincidencia de personas con sanción firme en cargos públicos.
Propone consolidar plataformas electrónicas de gestión judicial y un portal único de acceso a la justicia, con sistema de gestión por resultados y metas de desempeño para el sistema de justicia. Publica informes de desempeño y gasto del sistema de justicia e implementa audiencias públicas y veedurías ciudadanas anuales. Busca duplicar la tasa de formalización en sectores vulnerables y aumentar en 40 puntos la confianza ciudadana en la PNP y el sistema de justicia.
Propone tribunales anticorrupción acelerados para casos emblemáticos y una plataforma digital única de contrataciones públicas con blockchain para registrar licitaciones y pagos en tiempo real. Contempla una ley de protección integral con recompensas económicas para denunciantes de corrupción. Garantiza el acceso al sistema de administración de justicia con criterios de celeridad, predictibilidad, transparencia y respeto a la identidad cultural.
Señala que en 2024 el Perú obtuvo 31/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, cayendo al puesto 127 de 180 países, su peor posición histórica. Propone contratación electrónica obligatoria con publicación en tiempo real (Open Contracting Data Standard) y auditoría automática de riesgos de corrupción ex-ante. Implementa concursos públicos transparentes para cargos técnicos mediante un formato único simplificado.
Propone una Contraloría 4.0 con inteligencia artificial que analice el 100% de transacciones del Estado y detecte patrones de corrupción en tiempo real antes de que se consume el delito. Establece compras públicas 100% electrónicas con IA para detectar sobreprecios y un portal de transparencia judicial con publicación de sentencias, declaraciones juradas y estadísticas por juzgado. Fortalece ODECMA y crea un Observatorio Ciudadano de Justicia con participación de la sociedad civil.
Propone fortalecer la independencia judicial mediante concursos públicos transparentes con veeduría ciudadana y evaluaciones basadas en desempeño, integridad y conocimientos. Crea el programa "Justicia Cerca de Ti" para garantizar acceso universal a la justicia con enfoque territorial, intercultural e inclusivo. Busca agilizar procesos para materias sensibles como violencia familiar, niñez y violencia sexual, con reducción sustantiva de tiempos procesales.
Propone reducir la proporción de fiscales provisionales del 57% al 15% al 2031, y el índice de congestión procesal del 68% al 30%. Busca que el 95% de resoluciones judiciales se emitan digitalmente y que el tiempo promedio de resolución de procesos penales prioritarios se reduzca significativamente. Usa análisis predictivo y Big Data para detectar patrones de corrupción en contratos y transacciones estatales, con articulación de cooperación internacional para extradición eficaz.
Propone ampliar el control concurrente de la Contraloría a todas las fases de ejecución presupuestal con inteligencia artificial para proteger al funcionario honesto y prevenir la parálisis por miedo a sanciones. Impulsa una reforma integral del sistema de justicia con participación de todos sus actores para garantizar independencia judicial, celeridad procesal y predictibilidad. Busca modernizar la gestión pública con sistemas digitales interoperables en el 100% del Gobierno Nacional y 70% de gobiernos subnacionales al 2031.
Propone fortalecer la integridad judicial con control externo y meritocracia para combatir el clientelismo judicial, que genera altos niveles de percepción de corrupción y designaciones poco transparentes. Simplifica los procesos civiles de alta congestión —ejecución de sentencias, familia, laborales— y establece mecanismos de cooperación internacional para la persecución de organizaciones criminales. La Contraloría reportó en 2023 perjuicios por S/ 24,268 millones por corrupción e inconducta en gobiernos subnacionales.
Propone una "Justicia Digital" con trazabilidad radical de todos los casos para eliminar la opacidad que genera impunidad administrativa y corrupción. Integra digitalmente la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE para que un ciudadano que denuncia pueda hacer seguimiento en tiempo real de su denuncia. Señala que la corrupción en instituciones de justicia y seguridad es identificada por el 45% como la principal razón del aumento de criminalidad.
Diagnostica una debilidad estructural en las instituciones públicas reflejada en baja capacidad de gestión, fragmentación del aparato estatal y persistentes prácticas de corrupción. Propone fortalecer mecanismos de participación ciudadana y vigilancia, espacios de diálogo y acceso a información pública como estrategias de control social. No detalla propuestas específicas de reforma judicial, anticorrupción o transparencia en contrataciones.
Propone nombrar un Zar Anticorrupción con programa de inteligencia y gobierno digital para dar seguimiento al patrimonio de funcionarios y permitir a los ciudadanos fiscalizar y denunciar. Implementa un sistema de certificación ISO con altos estándares de transparencia, auditoría y gestión ambiental como requisito para contratar con el Estado. Señala que el 13% del valor de cada contrato estatal se pierde en sobornos y que existen más de 57,000 casos de corrupción en trámite.
Propone "muerte política" para quienes hayan sido condenados en primera instancia por delito doloso en la función pública, y dotar a la Contraloría de herramientas efectivas para erradicar la corrupción. Señala que la corrupción es la causa principal del atraso, hambre y miseria de la mayoría de peruanos, y que sin extirparla es imposible realizar cambio alguno. No detalla propuestas adicionales sobre reforma judicial o transparencia en contrataciones.
Declara su deber de aniquilar el sistema de corrupción que domina todos los poderes e instituciones del Estado, mediante la refundación del Estado. Propone que la Corte Suprema sea una vía de revisión excepcional —no una tercera instancia— con potestad para revisar cualquier proceso de oficio como ente fiscalizador. Busca una administración de justicia eficiente con mecanismos de fiscalización y mejora de los códigos procesal penal y de ejecución penal.
Propone incrementar en al menos 50% la confianza ciudadana en el sistema de justicia mediante avances en transparencia, celeridad procesal y efectividad de sanciones. Fortalece el Ministerio Público con presupuesto y personal adecuados, y prioriza institucionalmente los casos de corrupción de mayor impacto fiscal y social con pleno respeto a la independencia judicial. Usa la digitalización para que ciudadanos y órganos de control puedan auditar la trazabilidad de cada proceso en tiempo real.
Propone reducir el número de ministerios de 19 a 8, eliminando duplicidades funcionales y fortaleciendo la coordinación intersectorial para combatir la ineficiencia y la corrupción. Busca fortalecer las instituciones públicas promoviendo transparencia, eficiencia y control permanente como estrategia de lucha anticorrupción. No detalla medidas específicas de reforma judicial, protección de denunciantes o transparencia en contrataciones.
Propone la no prescripción de los delitos contra el Estado y la inhabilitación perpetua de los funcionarios sentenciados. Identifica la corrupción estatal y privada, el narcoterrorismo, el contrabando y la minería ilegal como amenazas internas que el Estado debe combatir con nuevas herramientas. No detalla propuestas específicas de reforma judicial o institucional más allá de estas medidas generales.
Propone aprobar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente o el Congreso para lograr justicia social y erradicar la corrupción e impunidad que han penetrado el Estado. Busca implementar tecnología para el cumplimiento de normas y el control de la corrupción, con meritocracia en el sector público. No detalla propuestas específicas de reforma al Ministerio Público o el Poder Judicial.
Propone incrementar en 50% la tasa de condenas efectivas respecto a la línea base 2024, sancionando tanto al corrupto como al corruptor. Moderniza la gestión judicial con digitalización de expedientes, audiencias virtuales y gestión por resultados. Garantiza que el 100% del Poder Ejecutivo y al menos el 70% de los gobiernos subnacionales cuenten con mecanismos de denuncia seguros y verificados con protección al denunciante.
Propone dotar al sistema de justicia de herramientas modernas para garantizar la estabilidad jurídica necesaria para la inversión y el desarrollo nacional. Señala que la verdadera rendición de cuentas y el control interno siguen siendo débiles, especialmente en regiones y municipios, y que la auditoría interna es formal y reactiva. Busca consolidar una cultura de transparencia y fortalecer el control interno con mecanismos de sanción efectiva.
Propone declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la inhabilitación perpetua para los corruptos. Instituye el control social mediante veedurías ciudadanas en los ámbitos nacional, regional y local, y fortalece las fiscalías especializadas del Ministerio Público contra extorsión, sicariato, trata de personas y lavado de activos. Garantiza la separación efectiva de los poderes del Estado como condición para una justicia que funcione.
Propone cero tolerancia a la corrupción con un sistema nacional de integridad y gobierno abierto, con meta de elevar el índice de confianza en el sistema de justicia a 40/100 o más al 2031. Busca legitimar la democracia y equilibrar los poderes del Estado frente a la fragilidad del Estado de derecho y el escalamiento del conflicto político. Combina la lucha anticorrupción con la recuperación democrática y las reformas políticas como un eje integrado de transformación estatal.
Propone ampliar el número de magistrados del Tribunal Constitucional de 7 a 9 para conformar una subsala adicional y reducir cargas procesales, con elección en grupos de tres magistrados cada cinco años. Plantea la instalación de 2,000 módulos de flagrancia y descongestión judicial mediante tecnología e inteligencia artificial para acelerar procesos. Debate la creación de Cortes macroregionales para mejorar eficiencia y cobertura territorial de la justicia.
Señala que el Perú pierde más de 20,000 millones de soles anuales por corrupción y propone impunidad cero con reorganización del sistema anticorrupción. Plantea transparencia total en gobierno y reforma de todas las entidades del Estado capturadas por intereses privados, con actos de corrupción visibles pero con total impunidad actualmente. Busca una democracia sin mafias al servicio de la gente, con participación ciudadana real.
Señala que la alta percepción de corrupción se debe a la falta de sanciones a personajes e instituciones que ocupan el poder. No menciona propuestas específicas sobre reforma del sistema judicial, anticorrupción o transparencia más allá del diagnóstico de desconfianza institucional.
Propone que al 2031 las entidades del sistema de justicia hayan recuperado plena autonomía, ejerciendo sus funciones con independencia, celeridad, objetividad y eficacia. Plantea desterrar la provisionalidad en la función judicial y restablecer la independencia y meritocracia en el Tribunal Constitucional mediante reforma normativa para la selección de magistrados. Fortalece el sistema procesal constitucional para garantizar una debida protección de derechos fundamentales.
Propone endurecer sanciones por financiamiento ilícito de campañas, crear una autoridad electoral especializada en control de fondos partidarios con autonomía y facultades sancionadoras. Crea el Registro Nacional de Corrupción Policial, Fiscal y Judicial (RENACOFPJ) con tecnología integral de monitoreo. Impulsa un plan nacional de reforma judicial y lucha anticorrupción con obligatoriedad de rendición de cuentas del Congreso y el Ejecutivo ante la ciudadanía.
¿Cómo se calcula la puntuación?
1.0
Prioridad central
El partido dedica secciones enteras al tema con propuestas detalladas y metas concretas.
0.7
Propuestas concretas
El plan incluye propuestas específicas pero no es un eje principal del programa.
0.3
Mención breve
El tema aparece mencionado sin propuestas desarrolladas.
0.0
No mencionado
El plan de gobierno no aborda este tema. No significa que el partido esté en contra.
Puntuación generada por análisis de IA de los planes de gobierno oficiales presentados al JNE.
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